El descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha conmocionado a México y captado la atención internacional. Según una investigación publicada el 21 de marzo por The New York Times, el sitio reúne las características de un «campo de exterminio» moderno: decenas de restos humanos calcinados, cientos de zapatillas esparcidas, indicios de tortura y un sistema organizado para la eliminación de personas. El medio estadounidense calificó el lugar como un escenario sistemático de violencia inusitada, con testimonios que hablan de ejecución, desaparición forzada y cremación masiva.

En contraste, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha negado esa clasificación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que en el sitio operaba un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ahí se practicaban torturas y asesinatos, pero insistió en que no se encontraron pruebas concluyentes de que fuera un campo de exterminio como tal. La administración ha solicitado cautela y una investigación formal, mientras diversas voces critican la aparente minimización de la magnitud del hallazgo.

Para los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, no hay duda: lo ocurrido en Teuchitlán es una muestra brutal de la impunidad que domina en amplias zonas del país. Los restos óseos calcinados, las evidencias de crematorios improvisados y la acumulación de pertenencias personales refuerzan su convicción de que el sitio fue usado para deshacerse sistemáticamente de cuerpos. Los mismos colectivos, acompañados por organizaciones internacionales, exigen una intervención más allá del discurso oficial.

El caso, al que ahora se suman miradas internacionales, expone nuevamente las grietas del sistema de justicia y la descomposición institucional frente al crimen organizado. El hecho de que un medio como The New York Times lo etiquete sin rodeos como “extermination camp” es un golpe simbólico y diplomático que pone presión sobre la narrativa del actual gobierno. Mientras la sociedad mexicana espera claridad y justicia, el horror de Teuchitlán sigue extendiendo su eco.